jueves, 19 de abril de 2018

Entrevista a Aníbal Paz sobre Programa de Retiros Voluntarios


¿Qué ofrece el retiro voluntario para personal del sector público nacional?



Para Aníbal Paz, especialista en temas previsionales, con el correr de las semanas aparecerán las primeras solicitudes y, con ellas, se evidenciará la casuística, que promete ser frondosa y pródiga en conflictos sindicales y, posiblemente, judiciales


El Poder Ejecutivo Nacional delineó un programa de Retiros Voluntarios en el Estado, mediante el decreto 263/18, ulteriormente reglamentado por la resolución 213/18 del Ministerio de Modernización, que es la autoridad de aplicación.
Consultado por Factor, Aníbal Paz -especialista en temas previsionales- señaló: “Ciertamente la medida encendió las alarmas de todo un sector que recela de los ajustes, aun de aquellos que aparecen como necesarios y razonables. El tiempo dirá si estamos o no ante uno de ellos”

En términos generales, ¿en qué consiste el programa?

Los planes de retiro -voluntarios y de acceso limitado- estarán vigentes por un lapso limitado de tiempo, en concreto desde el 16/04/18 hasta el 31/07/18. Las solicitudes de adhesión al plan de retiro deben aprobarse o rechazarse dentro del plazo de 30 días. La primera consideración que me surge espontáneamente tiene que ver con el breve lapso disponible, ya que -si bien se prevé un trámite digital para todo el proceso de acceder al plan- en muchos casos sería necesario un análisis muy preciso de la historia laboral y previsional de cada agente, lo que insume, por supuesto, un tiempo prudencial. Demás está decir que el plan entrará en vigencia sin mayor información a la planta que la que ha circulado en los medios, lo que deja al empleado en la necesidad de requerir un asesoramiento profesional o bien entregarse al plan sin mayores recaudos.

¿A quiénes incluye el plan?

El plan incluye al personal comprendido en los organismos descriptos en el artículo 8° de la ley N° 24156 de planta permanente, y aquellos cuya relación de empleo se rija por la ley N° 20744. Es decir, abarca la administración central, sus organismos centralizados y descentralizados y los organismos de seguridad social. Se invita además a las personas públicas no incluidas en dicha caracterización a adherirse al programa.

¿Quiénes quedan excluidos?

Quedan excluidos quienes tengan un cargo docente, el personal científico técnico, los profesionales de la salud, el servicio exterior, y tanto el personal en actividad como los retirados (en tanto presten tareas) de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
También quedan al margen quienes estén sumariados, o tengan pendiente de ejecución una sanción disciplinaria, por faltas que prevean una sanción de cesantía o exoneración; y quienes se encuentren procesados, por delitos en contra de la Administración Publica. Además quedan al margen quienes mantengan litigio o reclamos administrativos contra la Administración Pública centralizada o descentralizada, con motivo de su relación laboral, (salvo que se trate de algún reclamo originado en el sistema de riesgos del trabajo). Entiendo que esta norma deberá precisarse por vía reglamentaria de manera urgente, atento a la enorme casuística que puede generarse, dado que las definiciones brindadas son amplias.
Tampoco podrán acceder al plan quienes tengan iniciado o acordado un beneficio previsional o, habiendo presentado su renuncia, ésta se encuentren pendiente de aceptación. Tampoco quienes se encuentren en situación de disponibilidad. Ésta es otra cláusula que merece aclaraciones, por cuanto existen muchos tipos de beneficios previsionales y de diferentes jursidicciones. Vale remarcar que no es lo mismo una pensión que una jubilación, ya que provienen de distinta fuente, y ello debería quedar aclarado de manera expresa por la reglamentación.


El programa contempla una segmentación ¿cómo es?

Establece tres segmentos, a saber: el Art. 1 inc. a) comprende a las personas mayores de 65 años de edad, quienes podrán acceder al plan a condición de no tener años de servicio para jubilación ordinaria por ley 24241, lo que se dice no tener derecho a Prestación Básica Universal (PBU). A este segmento le corresponde un pago en 24 cuotas, de conformidad con el mecanismo que se explica más abajo.
En tanto, el Art. 1 inc. b) incluye a personas entre 60 y 65 años de edad, a quienes corresponde el pago de hasta 36 cuotas. Quienes cumplan 65 años de edad durante la vigencia del plan, pueden continuar percibiendo las cuotas hasta un máximo de 12 cuotas y sin superar el máximo permitido de 36. Por último, en el Art. 1 inc. c) se prevé la situación de los empleados menores de 60 años de edad, que a su vez cuenten con dos años de antigüedad como mínimo. A este grupo corresponde el pago, por un lado, de una suma de pago único equivalente a entre dos cuotas (para quienes tienen entre cuatro y seis años de antigüedad) y seis cuotas (para antigüedad mayor a 10 años). A esa suma fija se adiciona una cantidad determinada de cuotas de pago mensual (que van desde seis cuotas, para quienes cuenten con una antigüedad de entre cuatro y seis años, y hasta 24 cuotas, para antigüedad superior a 10 años.


¿Cómo serán las cuotas?
Se trata de sumas no remunerativas, mensuales, iguales y consecutivas. Para el caso de los segmentos comprendidos en los incisos a) y b), cada cuota será igual al monto de una remuneración neta mensual, normal, habitual y permanente, conforme a la situación de revista a la fecha de baja del empleado. En el caso de los comprendidos en el inciso c), cada cuota correspondiente a las que se abonan en un solo pago será equivalente al 100% de la remuneración que se calcula de la misma forma que se expresa en el párrafo anterior; y las cuotas de pago mensual serán 70% de dicha remuneración.

Conceptos excluidos

La reglamentación aclara que se encuentran excluidas de la remuneración del agente, a efectos de la determinación del monto de las cuotas, tanto las horas extraordinarias, como los premios, de cualquier indoles, los gastos de movilidad, reintegro de gastos de guardería y comida, y todo otro concepto que no revista la condición de mensual, normal, habitual y permanente.
“Nuevamente, nos encontraremos aquí con las particularidades de ciertos organismos que llevarán a interpretaciones dudosas sobre ciertos conceptos que pueden incidir en el cómputo de la remuneración considerada como base de determinación del valor cuota”, señala el profesional.
Finalmente, podrán rechazarse por razones de servicio las solicitudes de adhesión con la sola invocación de dicha causa como toda motivación.


Más información:
 (+54) - (0351) 423-4335
(+54) - (011) 4954-1837


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Profesional Responsable: Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)


miércoles, 18 de abril de 2018

Jornada de Actualización profesional en el Colegio de Abogados de Río Cuarto

Jornada de Seguridad Social  en el Colegio de Abogados de Río Cuarto

Aníbal Paz dictará una jornada de actualización profesional titulada "El Impacto De La Reforma Previsional " en el Colegio de Abogados de Río Cuarto,  el día 10/05, a partir de las 15hs

La misma está dirigida a Profesionales del Derecho en general que quieran interiorizarse sobre el régimen previsional vigente y el alcance de las recientes reformas.




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miércoles, 11 de abril de 2018

Análisis: Retiros Voluntarios en el Estado

Retiros Voluntarios en el Estado

  El Poder Ejecutivo delineó un Programa de Retiros Voluntarios en el Estado, a través del Dec. 263/18, ulteriormente reglamentado por la Res. 213/18 del Ministerio de Modernización, que es la autoridad de aplicación. Ciertamente la medida encendió las alarmas de todo un sector que recela de los ajustes, aún de aquellos que aparecen como necesarios y razonables. El tiempo dirá si estamos, o no, ante uno de ellos.

Descripción General del Programa

  Los Planes de Retiro -voluntarios y de acceso limitado como veremos más adelante- estarán vigentes por un lapso limitado de tiempo, en concreto desde el 16/04/18 hasta el 31/07/18. Las solicitudes de adhesión al plan de retiro deben aprobarse o rechazarse dentro del plazo de 30 días. La primera consideración que me surge espontáneamente tiene que ver con el breve lapso disponible, ya que si bien se prevé un trámite digital para todo el proceso de acceder al plan, en muchos casos serían necesario un análisis muy preciso de la historia laboral y previsional de cada agente, lo que insume, por supuesto, un tiempo prudencial. Demás está decir que el plan entrará en vigencia sin mayor información a la planta que la que ha circulado en los medios, lo que deja al empleado en la necesidad de requerir con urgencia un asesoramiento profesional, o bien entregarse al plan sin mayores recaudos.

  El plan INCLUYE: al Personal comprendido en los organismos incluidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de planta permanente, y aquellos cuya relación de empleo se rija por la Ley N° 20.744. Es decir que incluye a la Administración central, sus organismos centralizados y descentralizados y a los organismos de Seguirdad Social. Se invita además a las personas públicas no incluidas en diccha caracterización a adherirse al programa.

  Quedan EXCLUIDOS: quienes tengan un cargo Docente, el personal Científico técnico, los Profesionales de la Salud, el Servicio Exterior, y tanto el personal en actividad como los retirados [en tanto presten tareas] de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
   También quedan al.margen quienes estén sumariados, o tengan pendiente de ejecución una sanción disciplinaria, por faltas que prevean una sanción de cesantía o exoneración; y quienes se encuentren procesados, por delitos en contra de la Administración Publica.
   Además quedan al margen quienes mantengan litigio o reclamos administrativos contra el la Administración Publica centralizada o descentralizada, con motivo de su relación laboral, (salvo que se trate de algún reclamo originado en el sistema de riesgos del trabajo). Entiendo que esta norma deberá precisarse por vía reglamentaria de manera urgente,atento a la enorme casuistica que puede generarse, dado que las definiciones brindadas son amplias.
   Tampoco podrán acceder al plan quienes tengan iniciado o acordado un beneficio previsional; o, habiendo renunciado se encuentren su renuncia pendiente de aceptación, ni quienes se encuentren en situación de disponibilidad. Esta es otra clausula que merece aclaraciones, por cuanto existen muchos tipos de beneficios previsionales, y de diferentes jurisdicciones. Vale remarcar que no es lo mismo una pensión que una jubilación, por caso, ya que provienen de distinta fuente, y ello debería quedar aclarado de manera expresa por la reglamentación.

Segmentación

     El programa establece tres Segmentos, a saber:
   El Art. 1 Inc. A) comprende: a lad personas mayores de 65 Años de edad, quienes podrán acceder al plan a condición de no tener años de servicio para jubilación ordinaria por ley 24.241, lo que se dice no tener derecho a PBU. A este segmento le corresponde un pago en 24 cuotas, de conformidad con el mecanismo que se explica más abajo.
     En tanto el Art. 1 Inc. B) incluye a personas entre 60 y 65 años de edad, a quienes corresponde el pago de hasta 36 cuotas.
Quienes cumplan 65 años de edad durante la vigencia del plan, pueden continuar percibiendo las cuotas hasta un máximo de 12 cuotas, y sin superar el máximo permitido de 36 cuotas.
    Por último en el Art. 1 Inc. C) se prevé la situación de los empleados menores de 60 años de edad, que a su vez cuenten con 2 años de antigüedad como mínimo.
A este grupo corresponde el pago, por un lado, de una suma de pago único equivalente a entre 2 cuotas [ para quienes tienen entre 4 y 6 años de antigüedad] y 6 cuotas [ para antigüedad mayor a 10 años];
A esa suma fija se adiciona una cantidad determinada de cuotas de pago mensual ( que van desde 6 cuotas, para quienes cuenten con una antigüedad de entre 4 y 6 años, y hasta 24 cuotas, para antigüedad superior a 10 años.

Características de las cuotas

  Se trata de sumas no remunerativas, mensuales, iguales y consecutivas.
  Para el caso de los segmentos comprendidos en los incisos A) y B), cada cuota será igual al monto de 1 remuneración neta mensual, normal, habitual y permanente, conforme a la situación de revista a la fecha de su baja
  En el caso de los comprendidos en el inciso C), cada cuota correspondiente a un las que se abonan en un solo pago será equivalente al 100% de la remuneración que se calcula de la misma forma que se expresa en el párrafo anterior; y las cuotas de pago mensual serán 70% de dicha remuneración.
  La reglamentación aclara que se encuentran excluidas de la remuneración del agente, a efectos de la determinación del monto de las cuotas, tanto las horas extraordinarias, como los premios, de cualquier índole, los gastos de movilidad, reintegro de gastos de guardería y comida, y todo otro concepto que no revista la condición de mensual, normal, habitual y permanente. Nuevamente, nos encontraremos aquí con las particularidades de ciertos organismos que llevarán a interpretaciones dudosas sobre ciertos conceptos que pueden incidir en el cómputo de la remuneración considerada como base de determinación del valor cuota

  Las cuotas no serán fijas, sino que por el contrario tendrán en consideración los aumentos salariales generales, los cuales impactarán respecto de las cuotas que no se encontraren vencidas

Otras características del plan.

  Quienes acepten los planes continuarán amparados por obra social [Obra Social Unión Personal (UP)], y no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra por el término de 5 años
Por último debe aclararse que podrán rechazarse por razones de servicio las solicitudes de adhesión con la sola invocación de dicha causa como toda motivación.

A modo de conclusión:


 Con el correr de las semanas aparecerán las primeras solicitudes, y con ellas, se evidenciará la casuistica que promete ser frondosa, y pródiga en conflictos sindicales y, posiblemente, judiciales.


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sábado, 7 de abril de 2018

Capacitación en la UNPA: Reforma Previsional En Ámbitos Universitarios

Capacitación en la UNPA: Reforma Previsional En Ámbitos Universitarios


Aníbal Paz dictará una jornada de actualización titulada "El Impacto De La Reforma Previsional En Ámbitos Universitarios" en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos,  el día 12/04. 


La misma está dirigida a Profesionales y Personal No Docentes de las áreas de RRHH, así como a Docentes Universitarios y Preuniversitarios, Investigadores, Científicos, No Docentes, Autoridades.






Leer en página del FORMANDO



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martes, 3 de abril de 2018

Todos Contra la Caja Complementaria Docente


LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LOS OBISPOS Y LA UEPC VAN DE LA MANO A LA CORTE SUPREMA CONTRA LA CAJA COMPLEMENTARIA DOCENTE


Recientemente tomó estado público una acción declarativa de certeza deducida sobre el final de 2017por ante la Corte Suprema de la Nación interpuesta por un extraño litisconsorcio activo. La Provincia de Córdoba, los titulares del Arzobispado de  Córdoba y de los Obispados de San Francisco, Cruz del Eje, Rio Cuarto y Villa María  y la UEPC - que normalmente se encuentran en veredas opuestas - han encontrado la posibilidad de aunar esfuerzos en pos de un objetivo en común: conjurar el peligro que para todos ellos suponen  las desmesuradas pretensiones de la Caja Complementaria para la Actividad Docente.
La acción interpuesta pretende hacer “cesar el estado de incertidumbre que recae sobre los docentes transferidos de institutos de educación pública, sea de gestión estatal o privada, que se desempeñan laboralmente en la órbita provincial respecto de la supuesta obligación de integrar aportes a favor del organismo previsional demandado; y sobre la Provincia de Córdoba y los institutos de gestión privada adscriptos a la enseñanza oficial de la Provincia de Córdoba, quienes son objeto de permanentes ejecuciones fiscales derivadas de tales eventuales obligaciones, al atribuírsele responsabilidad en carácter de agentes de retención de los aportes señalados”. Para ello los litisconsortes argumentan que debe prevalecer la Cláusula 14 del Convenio aprobado por Ley 8253 celebrado en el marco de la trasferencia de los servicios educativos nacionales a orbita provincial, allá por los ya lejanos años 90, dispuesta por Ley 24.049, y declararse la inconstitucionalidad de determinadas normas que entienden inaplicables al caso en la Provincia.
La citada clausula establece que quienes venían aportando a la Caja Complementaria debían mantener dichos aportes de manera obligatoria, sobre los cargos docentes vigentes al momento de operarse la transferencia. Sobre las altas y bajas de cargos a partir de entonces la afiliación sería voluntaria. Sólo en dichos supuestos continuarían los empleadores como agentes de retención.
Sucede que, según la posición asumida por la parte actora, el Poder Ejecutivo Nacional subvirtió de manera unilateral el acuerdo a través del dictado del Decreto 163/99, reglamentado por la Res. N° 4005/2000 de la Caja Complementaria, violando el carácter de legislación concertada de nivel  interfederal de esta ley-convenio, y también los principios de buena fe contractual y el pacta sunt servanda y ello generó el conflicto:
La ley 22.804 que crea la Caja Complementaria para la Actividad Docente establece que tiene “(…) como finalidad otorgar un complemento del haber de la jubilación que perciba el personal comprendido en el mismo, o de la pensión que corresponda a los causahabientes (…)”  La finalidad pretendida era engrosar los haberes de jubilación que los docentes percibían de los organismos de previsión social.  En aquel momento regía la Ley 18.037, que normalmente otorgaba una tasa de sustitución de entre el 70% y el 82%, sobre un promedio de los últimos años previos al cese, con posibilidades escasas para el sector docente de escapar del rango más bajo, habida cuenta los menores requisitos de edad y servicios, que impedían normalmente la suma de bonificaciones para llegar al deseado 82%.  De esa forma, debido al cambio normativo operado en relación con la legislación anterior, la complementariedad de la Caja estaba marcada precisamente para mantener una tasa de sustitución adecuada que se había perdido al sancionarse la Ley 18.037. Aduce el litisconsorcio que la necesidad del complemento se ha perdido con la sanción del Dec. 137/05 que establece la sustitución en el 82% del cargo del docente al cese

La Caja Complementaria para la Actividad Docente reglamentó que los docentes transferidos quedaban obligatoriamente sujetos a efectuar aportes equivalentes al 4,5% de sus salarios, obrando como agente de retención el establecimiento educativo empleador. A su turno los establecimientos educativos, luego del traspaso, entendieron que sólo deberían retener aportes voluntarios pero que no quedaban como sujetos obligados como agentes de retención de esos aportes. En el ínterin los docentes privados, con la sanción de Ley 8024,  pasaron a aportar el 18% a la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba. Esta circunstancia marca a su turno una clara desigualdad con los docentes de otras jurisdicciones que tienen sus sistemas previsionales transferidos a la Nación, por cuanto en Córdoba el aporte personal subiría hasta el 22,5% [18% + 4,5%] por todo concepto, mientras que en el sistema nacional sería 15,5% [11% + 4,5%], lo cual coloca al sector docente en clara desigualdad con respecto a otras jurisdicciones atento la pérdida salarial neta que ello implica.
Por todo ello dejaron de efectuarse y retenerse los aportes adicionales destinados a la Caja Complementaria. Ésta, eventualmente, consiguió el aval judicial para efectuar determinaciones de aportes adeudados y a fuerza de embargos y ejecuciones fue recuperando esos ingresos. El tema es que –según la postura de los demandados- las millonarias determinaciones no son del todo claras, lo que en definitiva ha llevado a todas las partes a acordar planes ciertas facilidades para evitar dichas medidas.

Así las cosas, ante la amenaza de más ejecuciones de este tenor, nació el litisconsorcio señalado, que acudió a la Corte, en virtud de su competencia originaria en la materia,  en procura de la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 163 y de la Res. 4005. Dedujeron a su vez medida cautelar, del tipo precautoria para que demandada “se abstenga de reclamar a los actores las diferencias pretendidas en concepto de aportes personales con destino a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, así como de aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de los demandantes, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones.”

La Corte ya se ha pronunciado sobre el tema en cuestión en la causa “Catamarca, Provincia de c/ Caja Complementaria para la Actividad Docente s/ Acción declarativa de certeza”, y lo ha hecho en sentido contrario al pretendido por  los actores, declarando en esa causa la inconstitucionalidad de la cláusula pertinente del convenio de trasferencia celebrado oportunamente entre la Nación y la referida Provincia. Ahora, si bien se discuten asuntos análogos a los que tratamos en este comentario, la causa “Catamarca” que no sería asimilable ni aplicable a la causa “Córdoba y otros”, toda vez que la Provincia de Catamarca ha transferido su sistema previsional  a la Nación, cosa que Córdoba no ha hecho, y por ende no ha delegado en la nación potestad alguna que le permita a ésta modificar de manera unilateral los alcances de la cláusula 14 del convenio aprobado por ley 8253.

De más está decir que el resto de las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales a la Nación seguirán atentamente el curso de la acción entablada, previéndose que cada jurisdicción entable la suya propia,  tal como trascendió en la última reunión del Foro Federal de Fiscalías de Estado, ya que se estima que la resolución de la Corte será prodiga en definiciones categóricas sobre la materia, existiendo un moderado optimismo en que ello permita, finalmente, dar por cerrado el conflicto que se arrastra desde hace décadas con relación a los aportes a la Caja Complementaria Docente. No debemos olvidar que las provincias vienen desde hace un tiempo propiciando la baraja judicial, sea esta en forma de fallo o bajo amenaza de litigo, como una de las cartas a jugar en el complejo entramado de la negociación federal, sobre temas tan urticantes como la distribución de la coparticipación, fondo del conurbano y pacto fiscal. 


Amplíe sobre el tema leyendo el siguiente artículo:La Situación Laboral Y Previsional De Los Docentes Privados En La Provincia De Córdoba” - Por Aníbal Paz - Publicado en el Suplemento Leyes y Comentarios de Comercio y Justicia el 03-04-2013


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martes, 27 de marzo de 2018

FALLO: la UBA deberá aplicar la Ley 26.508


PLENA VIGENCIA DEL RÉGIMEN JUBILATORIO ESPECIAL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.

LA UBA DEBERÁ APLICAR LA LEY 26.508 Y LOS DOCENTES PODRÁN OPTAR POR PERMANECER EN ACTIVIDAD HASTA LOS 70 AÑOS DE EDAD.

Por Aníbal Paz

Se conoció días atrás  una la Sentencia del Juzgado en lo  Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la CABA, en la causa Universidad De Buenos Aires C/ En –M. Trabajo- Resol 33/09 S/ Proceso De Conocimiento”.

En dicha causa se acumularon dos pretensiones, la de la UBA, que pretendía la declaración de inconstitucionalidad del art. 1º, inc. a), ap.2, primer párrafo, in fine, de la ley 26.508 y su reglamentación. A esa causa se acumuló otra, deducida por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) mediante la cual pretendía la declaración de inconstitucionalidad contra las resoluciones del Consejo Superior de la UBA nº 2067/11 y del Rector nº 2241/09; ratificada por resolución del Consejo Superior nº 7802/10, todas las cuales reglamentaban ad intra sobre la temática, dando prevalencia al Art. 51 del estatuto universitario. En ellas se centraba la problemática de la causa, desde la sanción de la Ley 26.508  la UBA se negó sistemáticamente a su aplicación, lo que provocó que toda una camada de profesores fuera cesanteada al llegar a la edad de 65 años, conforme lo dispone la normativa universitaria, sin atención a que existe una norma de rango superior, esto es, la Ley 26508, que permite, a sola opción del docente, la continuidad laboral hasta los 70
El Fallo dice: “(…) el análisis se centra en determinar si esta norma colisiona con el principio constitucional de autonomía universitaria, reconocida en el art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional, según el cual se encomienda al Congreso Nacional la sanción de leyes de organización y de base de la educación que garanticen la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y, asimismo, en determinar si las resoluciones del Consejo Superior nº 2067/11 y del Rector nº 2241/09 –ratificada por el Consejo Superior mediante resolución nº 7802/10- han sido dictadas de acuerdo al principio de autonomía universitaria o si, por el contrario, colisionan con lo dispuesto por el art. 1º, inc. a), ap. 2, primer párrafo, in fine, de la ley 26.508(…)”
He escrito en abundancia sobre el tema, desde el momento mismo de la sanción de la referida ley, y, por ende, vale la pena rescatar algunos párrafos de algunos viejos artículos que nos ayudarán a entender la problemática, como así también para ratificar que el rumbo adoptado en esas publicaciones se ha probado acertado.
Ya decía al respecto: “La UBA pretende mantener incólume el Art. 51 de su estatuto, que en lo sustancial dice: “Todo profesor regular cesa en las funciones para las que ha sido designado el 1º de marzo del año siguiente a aquél en el que cumple sesenta y cinco [65] años de edad. En tal circunstancia el profesor regular puede ser designado profesor consulto (en la categoría respectiva) o profesor emérito. En caso de que el profesor regular no sea designado profesor consulto ni profesor emérito y no esté en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, es indemnizado de la manera que reglamente el Consejo Superior (…)”. Esta norma estatutaria se encuentra reglamentada por la Res. CS 1377/98, que dispone la “baja” de todo docente al alcanzar la referida edad. Por lo ya expresado supra, este estatuto, y la consecuente reglamentación, ha perdido eficacia, debido a la nueva edad jubilatoria de que se trata. La UBA pretende poner sus propias normas por sobre la legislación nacional y el orden constitucional, y con ello afectará derechos claramente conquistados por los docentes universitarios”. [“La Autonomía Universitaria Frente A La Ley Jubilatoria 26508. Por Aníbal Paz
Publicado en Comercio y Justicia, Sección Leyes y Comentarios, el 19-02-10].- 
La problemática implementación práctica de la nueva edad jubilatoria para los docentes universitarios torna necesaria una revisión sobre la extensión de las facultades autonómicas de las entidades de educación superior a lo largo y ancho del país. [El Convenio Colectivo De Los Docentes Universitarios: Vigencia Erga Omnes Y Jerarquía Normativa Temas de Derecho Laboral Julio 2017 Ed. Errepar]
A partir del 01/10/2009 rige la L. 26508, que dispuso la creación del nuevo régimen especial de jubilaciones destinada a los docentes universitarios (…) Una vez sancionada y reglamentada la L. 26508, casi la totalidad de las universidades nacionales comprendidas dentro del ámbito de aplicación subjetiva de la misma comenzaron a menoscabar los derechos que la ley acordaba a los docentes en edad jubilatoria. ‘El conflicto se centra en la posibilidad -a opción del docente- de permanecer en actividad hasta los 70 años de edad, ampliándose de esta manera lo dispuesto por el art. 19 de la L. 24241, que establecía la edad jubilatoria en 60 años para las mujeres, con opción a 65, la cual es la edad jubilatoria para los hombres (…) En líneas generales, las entidades universitarias pretenden no acatar la ley vigente por entender que ella se opone a la autonomía universitaria consagrada en el art. 75, inc. 19), CN. Pero lo cierto es que la ley previsional, que establece las edades jubilatorias, se encuentra fuera del alcance de las autonomías universitarias, ello por ser facultad privativa del Congreso de la Nación el dictado de las normas generales sobre seguridad social [art. 75, inc. 12), CN], con lo cual pretender extender la autonomía a cuestiones previsionales, como es la fijación de la edad jubilatoria, es un absurdo, a la par que a poco de analizar la situación damos con que las universidades no manejan la caja previsional, excepción hecha de las cajas complementarias. Por otra parte, la ley es clara al poner en cabeza del docente la opción de continuar hasta los 70 años de edad (…)’[extracto de la columna Paz, Aníbal: “Ley 26508: avances jurisprudenciales En relación con la aplicación del régimen jubilatorio especial de los docentes universitarios” - Leyes y comentarios - Comercio y justicia - 24/6/2011 , citada en la obra de Ed. Errepar ya mencionada]. Más concretamente, el problema surge en tanto que la L. 26508 no distingue entre docentes ordinarios, regulares o concursados, por un lado, y docentes interinos o contratados por el otro. Habida cuenta de que la práctica totalidad de las universidades nacionales mantienen a una mayoría de docentes en algún grado de precarización laboral, principalmente por no haber cumplido la obligación de mantener el 70% de la planta docente concursada, tal como establece la L. 24521, surge evidente que hay un grave problema que afecta a la gran mayoría de los docentes en edad de jubilarse: el sector docente entiende que donde la ley no distingue no pueden hacerse distinciones, ergo, la opción de permanecer en actividad hasta los 70 años de edad incluye a todos los docentes, sean estos ordinarios, interinos o tengan varios cargos en diferentes condiciones. Por otro lado, las entidades universitarias se reservan la autonomía para decidir quién continua y quién no en esos casos interinos, toda vez que se reafirma la posibilidad de designar quiénes ocuparán los cargos docentes, de acuerdo a cada uno de los estatutos universitarios. Pero el problema va aún más allá, toda vez que los estatutos universitarios en general prevén la edad de 65 años como la fecha del cese irremediable del docente en sus cargos, cualquiera fuese su condición, sin posibilidad de prórroga. Por caso, se puede citar el art. 51 del estatuto universitario de la UBA, que limita a la edad de 65 la permanencia en actividad (…) Claramente, en atención a lo normado por la L. 26508, numerosos estatutos universitarios deberán ser modificados, porque han sido abrogados por la ley, en tanto que esta es superior, posterior y especial en relación con los estatutos universitarios citados” [Paz, Aníbal: “Ley 26508: avances jurisprudenciales En relación con la aplicación del régimen jubilatorio especial de los docentes universitarios” - Leyes y comentarios - Comercio y justicia - 24/6/2011]

Así, arribé a la siguiente conclusión: “El reciente historial de la UBA en punto a la celosa y férrea defensa de su autonomía y de su estatuto nos lleva a pensar que más temprano que tarde, por la vía judicial, la UBA deberá aplicar sin reticencias [en el caso, La ley 26508] en su ámbito” [obra de Ed. Errepar ya mencionada]
Y yendo a lo que concierne a esta nota, el Juzgado ha resuelto, por un lado declarar inadmisible al acción declarativa de certeza deducida por la UBA, en cuanto pretendía la declaración de inconstitucionalidad del Art art. 1º, inc. a), ap.2, primer párrafo, in fine, de la ley 26.508 y su reglamentación, que establece la mentada opción de edad jubilatoria, y, por otro lado hacer lugar a la declaración de certeza promovida por el sindicato y en su mérito declarar la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo Superior nº 2067/11, en tanto que la misma “(…) ha incurrido en un exceso reglamentario, al restringir derechos que la ley otorga, subvirtiendo su espíritu o finalidad, y contrariando de tal modo la jerarquía normativa En las condiciones indicadas, toda vez que la normativa cuestionada restringe en forma irrazonable los beneficios previsionales establecidos por la ley 26.508, arrogándose atribuciones del Congreso Nacional(…)”
A modo de conclusión no puedo sino ratificar mi tesis de que el límite a la autonomía universitaria, en cuanto a la designación de la planta docente ha sido establecido por  un lado, por el CCT 1246/15, y por el otro, por la Ley 26.508 en cuanto al límite de edad y demás cuestiones relativas al régimen previsional especial vigente. Estas normas, en consecuencia, se configuran como reglamentaciones necesarias y razonables de la Autonomía Universitaria, y deben necesariamente desplazar en su aplicación a todas las normas internas del derecho universitario, esto es, estatutos, ordenanzas y demás resoluciones.



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