La nueva fórmula de movilidad es ley y será puesta en crisis en la Justicia.
Por Aníbal Paz. Publicado el 31/12/20 en Leyes y Comentarios. Ed. Comercio y Justicia
La doctrina especializada
mayoritaria coincide en criticar los aspectos negativos de la fórmula que ayer
se ha convertido en Ley. Mucho se ha escrito al respecto en las
últimas semanas, y de hecho en mi anterior columna yo mismo he destacado los
principales problemas.
Recordemos brevemente que
durante todo 2020 el Poder Ejecutivo [PE], de manera absolutamente discrecional
otorgó aumentos por movilidad a través de 4 decretos de necesidad y urgencia
[DNU]. Ello fue posible porque la ley 27541 dispuso en dic/19 la emergencia en
materia previsional por el plazo de 180 días, suspendiendo la ley 27426 y
habilitando al PE a la determinación de la movilidad jubilatoria en tanto que
una Comisión Bicameral creada a tal efecto diseñase una nueva fórmula de
movilidad. Transcurridos los 180 días, mediante nuevo DNU, el PE dispuso la
prórroga de aquella emergencia y determinó los nuevos aumentos por movilidad a
otorgarse en el segundo semestre del año. Finalmente, el PE giró un proyecto de
ley, que luego de varias modificaciones dispuestas en la Cámara de Senadores
fue convertido en Ley por la Cámara de Diputados. Este proyecto plantea
el retorno a la fórmula de movilidad de la ley 26417, vigente entre 2009 y
2018, con algunas diferencias, ya explicadas en anteriores columnas.
La movilidad así
determinada para todo 2020 fue severamente criticada,
en tanto que todos los jubilados que percibían en marzo/20 más de
$20.000 terminaron perdiendo contra la inflación anualizada. Además,
quienes cobraban menos de esa suma también podrían perder contra la inflación
anual, una vez que se conozca el IPC de diciembre/20. Más aún, todos
los jubilados, desde la mínima hasta la máxima perdieron contra lo que hubiera
sido la movilidad a otorgarse conforme a la ley 27426 suspendida. Además,
conforme a la pauta de movilidad de marzo/20 el DNU correspondiente provocó
un achatamiento de la pirámide de las jubilaciones: cuanto más alto el
haber, más pérdida hubieron de soportar los jubilados.
Por los motivos señalados
se conoció el Fallo Cabrera, de la Cámara Federal de Paraná que estableció “la
inconstitucionalidad de los DNU 163/20, para la movilidad de
marzo, y 495/20 para la movilidad de junio, “en la medida
en que los incrementos por movilidad
jubilatoria allí establecidos resulten
inferiores a los que
hubiese correspondido por aplicación de las pautas de la
ley 27426”. Además, se declara la inconstitucionalidad del
decreto 542/20, mediante el cual se dispuso la prórroga de la
suspensión de la ley 27426. Esa prórroga de la suspensión habilitó el
dictado de dos decretos de movilidad más: el 692/20 para la
movilidad de septiembre, y 899/20 para la movilidad de
diciembre. Se dispuso en consecuencia que, vencidos los 180 días de
suspensión legal del art. 32 de la ley 27.426, ésta retoma su vigencia a los
fines del cálculo de la movilidad jubilatoria del actor”.[1] Antes se había dado en conocer el
Fallo Caliva de la Cámara federal se Salta que dispuso una solución análoga.
Las críticas en
tormo a la nueva fórmula residen en:
- Falta
de compensación de un trimestre de inflación [o de un semestre, según
cual sea la óptica del análisis].
- Al
no incluir una pauta de compensación por inflación, se estima que en un
concierto altamente inflacionario los jubilados terminen perdiendo, una
vez más, frente a la inflación.
- Todo
lo señalado antes se traduce en una fuerte pérdida de poder adquisitivo.
Pero si el jubilado ha tenido su alta antes de marzo de 2018 debe adicionar a
sus preocupaciones la inconstitucionalidad de la fórmula anterior, que luego de
ser suspendida fue finalmente derogada. En efecto, tal como ya he analizado en
estas páginas en numerosas ocasiones, la Ley 27426 también era
inconstitucional [Fallo Fernández Pastor, de la Cámara Federal de la
Seguridad Social
- Existe preocupación
en torno a la aplicación de la cláusula de legislación homogénea, cuya
futura reglamentación podría desnaturalizar la fórmula, provocando pérdidas aún
mayores.
- También
genera inquietud y recelo en torno a que la nueva fórmula podría recaer en
el vicio de la falta de transparencia de la ley 26417
- La
evolución del índice de movilidad general frente a los índices de
Movilidad Especial, de neto corte salarial [RIPDUN, RIPDOC y Luz y
Fuerza].
- El
problema de los topes desactualizados y los descuentos por
exceder la jubilación máxima vigente o por acumulación
de haberes de jubilación y pensión por encima de ese tope.
- El
impacto indirecto de la nueva movilidad general en los Regímenes Especiales de
Docentes, Universitarios, Investigadores y Luz y Fuerza.
- La
sistemática violencia patrimonial y económica perpetrada por el Estado
en contra de la clase pasiva desde hace largos años.
En base a todo lo expuesto puede fácilmente advertirse que “La impericia de los gobiernos de turno ha determinado la necesidad de permanentes cambios en la materia, y ello a su vez ha implicado en cada oportunidad significativas pérdidas de poder adquisitivo para el sector pasivo, lo que resulta intolerable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en razón de que ellas agreden los elementales principios de la materia: integralidad, progresividad, no confiscatoriedad, esfuerzo contributivo, y los ya mencionados sustitutividad y proporcionalidad. Aquellas pérdidas, por cierto, sólo se recuperan luego de largos litigios. (…) Como hemos visto, el Estado nos sigue entregando materia litigiosa a cada paso que da en esta materia, y la nueva-vieja fórmula de movilidad no será la excepción”[2].
A modo de conclusión, y
dado que el proyecto de ley no ha sido modificado, cabe remarcar que esta
nueva fórmula de movilidad deberá sortear inmediatamente el test de
constitucionalidad, ya que se espera una nueva oleada de litigios en su
respecto.
Notas:
[1] La
movilidad por decreto es inconstitucional, y la nueva fórmula va por ese mismo
camino”. Leyes y Comentarios 01/12/20]
[2] La
Movilidad Jubilatoria: pasado, presente y futuro inmediato en permanente
tensión con los principios del Derecho de la Seguridad Social. Por Aníbal
Paz. Suplemento Especial Movilidad Jubilatoria, antecedentes y
análisis de la nueva fórmula. Diciembre 2020. Ed. ERREPAR
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